Entrevista a Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
J. Antonio Cantón – 29/01/2021
Después de un año 2020 que tan difícil ha sido de gestionar para todos, por la pandemia originada por la COVID-19, son muchas las interrogantes que se ciernen sobre la agricultura y, en concreto, sobre el sector hortofrutícola. Ahora se cumplen dos años y medio desde que Luis Planas Puchades tomase el timón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero no solo su actual cargo, sino que, además, su conocimiento del sector agrícola, de la Unión Europea y del Magreb, hacen que su opinión sea de gran interés para quienes viven en, de, para y por el campo, especialmente en el sector de las frutas y hortalizas, lo que nos ha llevado a plantear esta entrevista al ministro, a quien agradecemos su atención para con nosotros y con el sector hortofrutícola
Señor ministro, durante la pandemia, el sector agroalimentario ha sido esencial para el abastecimiento a la población, generando además unos ingresos para España por las exportaciones de 35.160 millones de euros en los nueve primeros meses de 2020 y de 45.032 millones si se contempla todo el 2019, una cantidad superior al presupuesto para 2021 de toda Andalucía. ¿Considera usted que esas aportaciones a la sociedad española son reconocidas y valoradas en su justa medida por las diferentes administraciones y por la población en general?
Sí, una de las grandes lecciones que podemos extraer de la crisis provocada por el Covid-19 es que el sector agroalimentario español goza de una enorme fortaleza y capacidad de adaptación. Ha sabido hacer frente a las dificultades (el propio Ministerio ha contribuido con medidas para asegurar la movilidad y la mano de obra) y ha sido capaz de mantener su actividad a un buen nivel de producción. Prueba de ello son los datos de exportaciones que usted menciona. Por eso, desde el Gobierno, le hemos otorgado la consideración de estratégico y no nos cansamos de expresar nuestra gratitud por su comportamiento ejemplar.
Creemos que la mejor manera de traducir ese agradecimiento por la labor esencial del sector agroalimentario es otorgarle un papel destacado en los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país, además de la prevista en la Política Agraria Común para España. En conjunto, se trata de una experiencia que está contribuyendo al prestigio de la actividad agraria y que ha generado instrumentos de respuesta que tienen la capacidad de acelerar la modernización de nuestro sistema agroalimentario.
Centrándonos en el sector hortofrutícola, aunque el primer invernadero en Almería se construyó en 1963 como experiencia piloto, no fue hasta el año 1970 cuando en la provincia se superaron las 1.000 hectáreas destinadas a cultivos bajo plástico, con una alta rentabilidad en aquellos momentos. Hoy la superficie invernada en la provincia de Almería supera las 32.000 hectáreas y los problemas se multiplican, tanto por factores internos como externos. Desde esas primeras 1.000 hectáreas han pasado 50 años. ¿Cómo cree que evolucionará este sector en los próximos 50 años?
Los cultivos bajo plástico han sido un modelo de éxito en los últimos 50 años en nuestro territorio. Se han demostrado sostenibles, económica y medioambientalmente, y requieren menos inversión que los utilizados en otros países. Aun así, debemos seguir evolucionando y avanzando en la mejora tecnológica de los invernaderos para que nuestro sector hortofrutícola siga siendo la punta de lanza agraria española, por su capacidad para generar valor añadido, empleo y exportaciones.
Para ello, el sector cuenta con apoyos 
de la Política Agraria Común (PAC), en particular, del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que respalda, por ejemplo, la puesta en marcha de nuevos invernaderos de jóvenes que se instalen en este sector.
Además, en el próximo Plan de Recuperación hemos incluido una línea de apoyo a inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola, que incluye una línea específica para la modernización integral de los invernaderos.
En los primeros nueve meses de 2020, el sector de las frutas y hortalizas ha permitido a España obtener unos ingresos del exterior de 11.334’23 millones de euros, cifra que es 4’6 veces mayor a la conseguida por la exportación de trenes, aviones y barcos. Una queja generalizada entre los productores de este sector es que, sin apenas ayudas, generan más riqueza que otros muchos campos a los que se les presta todo tipo de apoyo. ¿Llevan razón?
Somos el primer productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea y el tercero del mundo. Tenemos, además, una clara vocación exportadora, ya que en torno a más del 50 % de la producción se destina a otros países. Por tanto, se trata de un sector estratégico. Además, el segmento hortofrutícola genera más de la mitad del empleo agrario en España con más de 200.000 empleos directos en el campo, a los que hay que sumar unos 100.000 más en labores de manipulado y otras actividades asociadas. Eso implica que también contribuye a beneficios sociales, como la fijación de población a zonas rurales o el mantenimiento de un medio rural vivo.
En la PAC, recibe ayudas a través de los programas operativos que pueden presentar las organizaciones de productores. En 2019, fueron 282 millones que beneficiaron a 460 organizaciones de productores.
Esos apoyos se mantendrán en la nueva PAC, en la que, además, estoy defendiendo la incorporación progresiva de todos los sectores al sistema de ayudas directas. La reflexión, análisis y toma de decisiones que se hagan en el marco del Plan Estratégico de la PAC será fundamental para esa decisión.
Una de las principales razones para el fuerte desarrollo agrícola de la provincia de Almería ha sido su estructura de agricultura familiar, con explotaciones de pequeño y mediano tamaño en las que tradicionalmente han participado todos los componentes de la familia. Sin embargo, esa multiplicad de explotaciones también puede haber supuesto un hándicap a la hora de organizarse. Recientemente, algunas asociaciones solicitaban la extensión de norma para Hortyfruta, la interprofesional andaluza de frutas y hortalizas de Andalucía, con el objetivo de que sean de obligado cumplimiento los acuerdos que se tomen en el seno de la organización. ¿Puede ser ésta una solución a la hora de planificar cultivos y otras medidas tendentes a mejorar la situación del sector?
Quiero aprovechar esta cuestión para subrayar la función estratégica de la agricultura familiar. Por su asentamiento en el territorio, por su capacidad para ofrecer oportunidades de empleo a jóvenes y mujeres, y por su positiva repercusión en el medio ambiente, es un elemento clave en la lucha contra el despoblamiento del medio rural.
Es necesario reforzar este modelo familiar, tan característico de la agricultura de invernadero, a través de políticas que favorezcan el asociacionismo, el equilibrio en las relaciones contractuales y el fomento de producciones de calidad diferenciada, como la agricultura ecológica. Por eso, estamos en pleno trámite de la modificación de la Ley de la Cadena agroalimentaria, para lograr que todos los eslabones obtengan una remuneración equilibrada por su actividad.
España es puntera en agricultura ecológica y en producciones de calidad diferenciada o protegida. Sin embargo, en la actualidad sólo el 50% de la producción en volumen de frutas y hortalizas está integrado en organizaciones de productores (OP), por lo que tenemos que seguir fomentando el crecimiento, cuantitativa y cualitativa, de las mismas.
Precisamente, en Almería están presentes algunas de las OP más dimensionadas y dinámicas y una Asociación de OP de larga trayectoria. Tanto unas como otra pueden jugar un importante papel en la planificación y en la regulación del mercado. Y, en este sentido, las interprofesionales como Hortyfruta pueden actuar en la planificación, extendiendo normas en las circunscripciones económicas en que sea representativa y ayudando a mejorar el conocimiento de la producción y del mercado.
La entrada de España en la por entonces Comunidad Económica Europea supuso una gran esperanza para los productores de hortalizas, por la eliminación de las tasas que se aplicaban cuando se incumplían esos precios. Actualmente no hay tasas, pero se siguen tirando pepinos como hace 35 años por falta de rentabilidad. En concreto, en esta campaña han llegado a cobrar por un kilo de pepino 0’11 euros, cuando solo producirlo les cuesta 0’317 euros. ¿Qué medidas habría que adoptar para evitar esa situación? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el Ministerio?
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, defendemos la mejora de los instrumentos de prevención y gestión de crisis en el marco de las sucesivas reformas de la PAC. Además, hacemos un intenso seguimiento del mercado con objeto de solicitar a la Comisión Europea la puesta en marcha de mecanismos adicionales, cuando resulta necesario. En el caso de frutas y hortalizas, las retiradas son una de las principales herramientas para buscar el rápido ajuste de la oferta y demanda. Además de las retiradas, los programas operativos recogen otras medidas de prevención y gestión de crisis, como la cosecha en verde, la promoción o la constitución de fondos mutuales…
En todo caso, la clave está en una cadena de valor equilibrada que favorezca la remuneración justa de todos sus eslabones. Por eso, estamos culminando el proceso de modificación de la Ley de la Cadena alimentaria con el fin de dar mayor transparencia al funcionamiento y a la formación de precios de la cadena alimentaria, lograr un equilibrio en todos los eslabones (productores, industria, distribución…) y proteger al eslabón más débil de las negociaciones comerciales, que son los agricultores y ganaderos.
Entonces, con el nuevo proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria que el Gobierno envía al Parlamento, ¿en qué medida se hará más fácil y segura la actividad para los productores?
El objeto de la ley son relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución. Las dos modificaciones normativas buscan mejorar su funcionamiento y vertebración, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores.
La incorporación a la normativa española de la Directiva europea 2019/633 relativa a prácticas comerciales desleales viene a complementar los cambios que introdujimos en el Real Decreto-ley del pasado mes de febrero y que, luego, se ratificaron con la Ley 18/2020. A lo largo de 2020, los productores han visto reforzada su posición gracias a la obligatoriedad de un contrato escrito y, por primera vez, de fijar precios según los costes de producción.
Ahora, entre las novedades que aportará la Directiva europea, hay que destacar que, por ejemplo, cualquier transacción de los operadores de la cadena que se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea. Se ampliarán, por un lado, los productos cubiertos por la Ley que, a partir de ahora, van a amparar también a los alimentos transformados, y, por otro, se ampliarán los supuestos en que los contratos serán obligatorios, así como las prácticas prohibidas y las infracciones sancionables.
Creo que, en conjunto, son medidas importantes para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, a la vez que el sector emprende o intensifica medidas también necesarias, como el desarrollo de estructuras sólidas, para su necesario refuerzo en la posición negociadora.
Desde el sector hortofrutícola se atribuye a una masiva llegada de producciones de terceros países, especialmente de Marruecos, ser la causa en parte de la pérdida de rentabilidad para las producciones españolas y europeas, lo que llaman “competencia desleal” al no producir en las mismas condiciones sociolaborales, extendiéndose la opinión de que la producción de hortalizas se trasladará del sur de Europa al norte de África. ¿Cuál es el futuro que espera a los productores de hortalizas en invernadero y, en general, a todos los productores hortofrutícolas?
Independientemente de las dificultades, es un sector muy competitivo y con una clara inclinación al mercado. Se trata de una producción reconocida por la diversidad de su oferta, por la amplitud de calendarios de comercialización, que permite una presencia permanente, y con una actividad profesional suficiente para atender a todo tipo de clientes y mercados.
La pandemia provocada por el Coronavirus lo ha corroborado y nos ha hecho ver, además, la gran capacidad de adaptación del sector. Todas esas son sus fortalezas y creo que son más que suficientes para superar con éxito los retos a los que se enfrenta en la próxima década: un aumento de la inversión en innovación y digitalización; el logro de la sostenibilidad medioambiental, social y económica que propone la nueva PAC; y el refuerzo de las organizaciones de productores para aumentar su capacidad de negociación en las transacciones contractuales. Creo que, si el sector es capaz de evolucionar en estos aspectos, tendrá el futuro asegurado.
Los productores de hortalizas en invernadero han hecho grandes avances en cuanto a la forma de obtener esas hortalizas, implantando sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente como, por ejemplo, la utilización de insectos auxiliares para luchar contra las plagas y reduciendo el consumo de pesticidas para obtener hortalizas sanas y saludables. Sin embargo, constantemente podemos leer que se producen rechazos o incluso destrucción de hortalizas procedentes de países terceros, en especial de Turquía. ¿No se pueden tomar desde la Comisión Europea medidas más contundentes, para que ese tipo de hortalizas no compitan en igualdad de condiciones en los mercados comunitarios?
Nuestro país viene planteando insistentemente en la Comisión Europea la necesidad de demandar mayor reciprocidad en las importaciones provenientes de acuerdos comerciales con terceros países. Les debemos exigir las mismas regulaciones en materia social y medioambiental que rigen para las producciones comunitarias.
En el marco del Pacto Verde Europeo, en concreto en la Estrategia ‘De la granja a la mesa’, ya se hace referencia explícita al riesgo de asimetrías entre las nuevas exigencias al productor europeo y las que se realicen a los productos importados y en la necesidad, por tanto, de avanzar en el principio de reciprocidad, cuya aplicación nos gustaría ver ya en la práctica.
En paralelo, desde el Ministerio, estamos reforzando los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) que realizan una labor de vigilancia permanente. En 2019, efectuaron más de 482 000 controles sanitarios y fitosanitarios de partidas procedentes de otros países. Cuando se publiquen los datos de 2020, veremos que serán muchos más, ya que se ha reforzado el servicio con 30 funcionarios más del Cuerpo Nacional Veterinario y del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Asimismo, tenemos la certeza de que la UE cumple estrictamente los controles sobre fitosanitarios, etiquetado o precios de referencia.
Y no menos importantes son los hábitos de consumo. A través de nuestro carro de la compra, podemos ejercer la exigencia de una producción con estándares como los europeos, es decir con garantías de determinadas condiciones laborales, y de respeto al medio ambiente. Las decisiones de compra ya no se limitan a elegir, por ejemplo, entre una u otra coliflor, sino entre una producción sostenible o una producción que, con el tiempo, nos va a salir carísima en términos ambientales.
Una vez que ha habido acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las normas de la PAC para el periodo transitorio de 2021-2022 con el mantenimiento de las actuales, parece que se despeja el camino para conseguir el marco financiero para 2021-2027 y la puesta en marcha de los nuevos programas. ¿Cómo va a afectar esta nueva PAC a los agricultores y ganaderos con explotaciones de pequeño y mediano tamaño? ¿Habrá más filtros para evitar desvíos a otras actividades y que los fondos vayan efectivamente a los productores reales? ¿En qué cambiará esta nueva PAC a la agricultura española en general?
En general, la nueva PAC va a suponer un giro de 180 grados respecto al anterior modelo, no sólo en la estructura, sino también en función de la definición de las ayudas. Ya no hay requisitos, sino objetivos. Cada país contará con un Plan Estratégico adaptado a sus particularidades. Y el 40% de su presupuesto tiene que estar dirigido a actuaciones que favorezcan la neutralidad climática. La búsqueda de la proporción entre todos esos elementos ha sido clave en los acuerdos del Consejo y el Parlamento europeo que han encontrado, al final, el equilibrio entre la sostenibilidad de la producción agrícola y ganadera, a través de la ayuda a la renta; y la nueva arquitectura verde de la renovada PAC, a través de los llamados eco-esquemas -ayudas complementarias y voluntarias para quien produzca beneficios medioambientales más allá de los obligatorios-.
Una de las demandas que hemos abanderado desde España, y que la nueva PAC va a asumir, es que el pago redistributivo esté orientado a las medianas y pequeñas explotaciones que más dependan de la actividad agraria. Y, entre los objetivos de la nueva PAC que vamos a implementar a través de nuestro Plan Estratégico, es prioritario aumentar la competitividad y asegurar la retribución justa a cada agricultor. Son elementos indispensables para conseguir la rentabilidad de las explotaciones y garantizar, por tanto, el atractivo de la actividad agraria como un medio de vida para jóvenes y mujeres.
Salvado el escollo de los Presupuestos Generales del Estado, ¿qué medidas se contemplan desde su departamento para facilitar la incorporación a la actividad agraria de los más jóvenes, de modo que se propicie el relevo generacional?
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE2021) son una prueba del respaldo de este Gobierno al impulso de un medio rural vivo y competitivo, que facilite el relevo generacional. De hecho, incorporan una nueva línea de ayuda para programas de formación de jóvenes agricultores.
Y, por mencionar cuestiones concretas, el Ministerio cofinancia las ayudas de 880 millones de euros, que gestionan las comunidades autónomas para la incorporación de jóvenes a través de sus programas de desarrollo rural; facilita el acceso al crédito a jóvenes a través del Instrumento de Gestión Centralizada; y ha defendido la modificación del Reglamento Ómnibus para doblar el pago directo complementario a jóvenes.
Por otra parte, hemos elaborado un ‘Estudio de necesidades formativas de la juventud rural’, que incluye actuaciones destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a la agricultura y que, por supuesto, está muy presente en la elaboración del Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en España, una PAC que también incluye medidas para fijar población y atraer talento al medio rural. De hecho, los jóvenes van a tener más protagonismo en la nueva PAC y no en vano se va a destinar, al menos, el 2 % de sus fondos a los jóvenes agricultores.
Aunque la mujer siempre ha estado participando en las tareas agrícolas y ganaderas, tradicionalmente lo ha hecho desde un segundo plano, si bien en los últimos tiempos son cada día más mujeres las que van adquiriendo protagonismo, tanto en las tareas productivas como en las de gestión de cooperativas y otros ámbitos. ¿Qué medidas se contemplan desde el Ministerio para facilitar y reconocer las tareas de la mujer en el ámbito agroalimentario?
La introducción de la perspectiva de género que se ha incorporado por primera vez en la PAC, tiene origen en una propuesta española, ya que fue nuestro país el que pidió su integración como parte de los objetivos específicos. Gracias a ello, podremos articular intervenciones en el Plan Estratégico en las que se incentive expresamente a las mujeres, con el fin de que tengan iguales oportunidades a la hora de asumir el papel titular de una explotación agraria o de una pequeña o mediana empresa en el medio rural.
Los datos nos lo dicen bien claro: la tasa de empleo femenino en el medio rural es del 49 % frente al 72 % del masculino; y el 26 % de las socias cooperativistas son mujeres, pero apenas el 3,6 % ocupa cargos de representación. Por eso, desde el Gobierno, aspiramos a que las mujeres desempeñen un papel más activo y visible en las comunidades rurales y a que contribuyan, con su liderazgo y talento, al desarrollo y progreso de sus empresas, organizaciones o cooperativas. A través de los ‘Premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales’, todos los años tenemos la oportunidad de comprobar esas grandes capacidades técnicas, creativas y de trabajo que aportan las mujeres al ámbito rural.
Además, las mujeres son un actor imprescindible para ese relevo generacional que, junto al medioambiente y la digitalización del sector, constituye uno de los retos más inaplazables para la próxima década.
Vladimir Putin ha extendido un año más el veto a las importaciones de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea. ¿Cree posible que en algún momento se pueda revertir esa situación a la anterior del veto, o ese mercado estará ya ocupado definitivamente por China y otros países, además de las propias producciones rusas que está favoreciendo el Gobierno de la Federación Rusa?
Como comentábamos antes, nuestras producciones son muy competitivas. Creo que, cuando se levante el veto, es muy probable que Rusia siga demandando nuestros productos por su mayor calidad y variedad. Por ejemplo, somos un gran mercado de productos ecológicos y, gracias al apoyo de la PAC, vamos a seguir creciendo en ese sentido. En cuanto a los competidores, China produce mucho para su mercado interior. Cada vez más, y también frutas y hortalizas. Por tanto, no es probable que pueda satisfacer una demanda creciente en Rusia.
Y, ya que mencionamos aspectos internacionales, hemos de congratularnos por haber conseguido un acuerdo para el Brexit -que asegura que nuestras exportaciones hortofrutícolas no se vean afectadas por aranceles- y por el relevo en la presidencia de Estados Unidos -que puede favorecer un clima más tolerable para las negociaciones sobre aranceles a productos agrarios españoles-.
En todo caso, fomentar el consumo de frutas y hortalizas a nivel nacional e internacional, como parte de una dieta saludable basada en el modelo de dieta mediterránea, será necesario para seguir abriendo nuevos mercados y ampliando la capacidad productiva agraria de nuestro país.
