Lo hacen la organización agraria COAG y la de consumidores CECU, apoyándose en el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por el centro de litigación ‘Global Echo’ tras cuatro años de investigación, así como en una reciente investigación periodística del diario ‘Público’
Hortoinfo.- 26/08/2026
La Federación de
Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG), han presentado una denuncia ante la Dirección
General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,
para que investigue la posible importación y comercialización en España de
productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente
y etiquetados como si fueran originarios de Israel.
La denuncia se apoya en
los indicios recogidos por el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por
el centro de litigación ‘Global Echo’ tras cuatro años de investigación, así
como en una reciente investigación periodística del diario ‘Público’, que
apuntan a la posible entrada en el mercado europeo y español de frutas y
hortalizas procedentes de asentamientos ilegales israelíes en territorios
ocupados palestinos, sin que su verdadero origen quede reflejado en el
etiquetado. Esto habría permitido su posible venta en los principales
supermercados españoles.
Según esta información,
durante los últimos años España ha sido uno de los principales mercados
europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. Solo en 2025
importó 43.825 toneladas de patatas, por valor de 26,59 millones de euros, y
cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por unos 17 millones de euros. Las frutas,
hortalizas y semillas supusieron, además, el 81% del total de las importaciones
españolas desde Israel. Para CECU y COAG, el volumen de este comercio hace aún
más necesario garantizar la trazabilidad de los alimentos y que su etiquetado
refleje de forma veraz su origen.
De confirmarse estos
hechos, las personas consumidoras estarían recibiendo una información
incorrecta sobre el origen de los productos, lo que podría constituir una
vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado. Además, ambas
organizaciones advierten de que estas prácticas supondrían una competencia
desleal para los agricultores y las agricultoras que cumplen con la legislación
europea y española en materia de producción, trazabilidad e información al
consumidor.
La denuncia también
solicita que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir el Real
Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos
procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la
posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según
los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea.
CECU y COAG reclaman a
la Dirección General de Consumo que ejerza sus competencias de inspección para
verificar el origen real de estos productos, identificar a los operadores que
pudieran estar implicados y, en caso de confirmarse las irregularidades, incoar
los correspondientes procedimientos sancionadores.
David Sánchez Carpio,
director de CECU: “Defender los derechos de las personas consumidoras también
significa garantizar que la información sobre el origen de los productos sea
veraz. La transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer
un consumo informado y acorde con sus valores, especialmente cuando hablamos de
productos procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente. Por eso
reclamamos una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de la
legislación vigente”.
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