La mayoría de estas infracciones están relacionadas con la negativa a disolver concentraciones no comunicadas, desobediencia y resistencia a la autoridad y faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas de Seguridad. Las sanciones oscilan entre los 400 y los 1.000 euros
Hortoinfo.- 27/03/2024
Las subdelegaciones del Gobierno en Andalucía han iniciado la tramitación de 548 expedientes sancionadores por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana desde que comenzaron hace cerca ya de dos meses las protestas del campo andaluz, con cortes y bloqueos de carretera en todas las provincias andaluzas, según la Delegación del Gobierno.
La mayoría de estas infracciones están relacionadas con la negativa a disolver concentraciones no comunicadas, desobediencia y resistencia a la autoridad y faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas de Seguridad. Las sanciones oscilan entre los 400 y los 1.000 euros.
A excepción de esta semana, con motivo de la Semana Santa, los agricultores han protagonizado cortes de carreteras, muchas de ellas fomentadas por la plataforma 6F, en la que no participan las principales organizaciones agrarias y ganaderas de Andalucía, caso de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.
Desde principios del mes de febrero, las reivindicaciones del sector agrario se centran en exigir infraestructuras que “garanticen el agua con carácter de urgencia”; la simplificación “real” de la Política Agraria Comunitaria (PAC) con la eliminación del cuaderno digital; la eliminación de eco-esquemas por modificación e incremento del presupuesto y la subida del IVA compensatorio de los productos agrarios al 21%.
También han reclamado ayudas directas para afrontar la sequía que realmente estén en consonancia con los costes de producción actuales; cláusulas espejo –“los productos extracomunitarios sólo deben entrar con los mismos requisitos que nos exigen a nosotros”–; y el no a la ley de la cadena.
Asimismo, han insistido en la derogación de ley animalista y de bienestar animal; en el estudio “profundo” del problema laboral del mundo rural tanto en lo referido a mano de obra como en las cargas sociales; en medidas “reales” de apoyo al relevo generacional; y en la revisión y modificación de la ley de restauración de la naturaleza y agenda 20-30.
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