Francia prohibirá la importación de hortalizas con ciertos pesticidas y reducirá las exigencias en las suyas

Además, va a movilizar a 150 agentes antifraude para verificar que la distribución cumpla la llamada ‘ley Egalim’, que obliga a que industriales y distribuidores a pagar a los agricultores un precio que al menos cubra los costes

Hortoinfo.- 02/02/2024

Las protestas de los agricultores franceses han llevado al Gobierno de Enmanuel Macron a presentar nuevas medidas para favorecer a los productores agrícolas, como la prohibición de importar hortalizas y frutas que hayan sido tratadas con el insecticida neonicotinoide Tiacloprid, la flexibilización, la flexibilización del plan francés de reducción de los fitosanitarios, que no se pague a los agricultores precios por debajo de los costes de producción o el rechazo al acuerdo con Mercosur.

Prohibición de importaciones con pesticidas

El Gobierno francés aplicará una “cláusula de salvaguarda” para prohibir en un primer momento la importación de frutas y hortalizas que tratadas con el insecticida neonicotinoide Tiacloprid, prohibido en los campos europeos desde 2020 por el daño que causa a las abejas.

El Gobierno presidido por el primer ministro Gabriel Attal pretende adelantarse, con lo que es una forma de derogación del mercado único, a una medida que los Veintisiete no han adoptado de forma colectiva y pretende arrastrar al resto de sus socios comunitarios de nuevo en nombre de la lucha contra la competencia desleal.

Pide también la creación de una fuerza europea de control para luchar contra el fraude a las reglas de la Unión Europea (UE) y para que eso se haga de modo “uniforme y sin coladeros”.

Menos prohibición de pesticidas en el campo francés

El plan francés de reducción de los fitosanitarios que estaba en marcha queda congelado hasta finales de mes para revisarlo, y las autoridades han instruido a los organismos de regulación que alineen su calendario con el de la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA).

En respuesta a las quejas de los agricultores, el objetivo es que no haya en Francia productos prohibidos que se pueden utilizar en otros países europeos, pues deja en desventaja competitiva a los productores galos.

Precios por encima de los costes

Se han movilizado 150 agentes antifraude para verificar que se cumple la llamada ‘ley Egalim’, que obliga a que industriales y distribuidores paguen a los agricultores unos precios que cubran por lo menos sus costes.

El Gobierno se ha comprometido no sólo a duplicar esos controles en Francia, que pueden dar lugar a multas de hasta el 2 por ciento de la facturación de las empresas infractoras, sino también en otros países europeos.

Especialmente se va a controlar a los grupos de distribución que tienen supermercados e hipermercados en Francia, que utilizan sus centrales de compras en países vecinos como España, Bélgica o Países Bajos para puentear el dispositivo de Egalim.

El Ministerio de Economía tiene intención de comprobar que los contratos negociados en el extranjero por esas centrales de compra para productos que se venden en el mercado francés cumplen con la regla de cubrir los costes de los agricultores, un control que sólo afectará a los productos agrícolas franceses, pero no por ejemplo a las frutas y hortalizas españolas destinadas al mercado francés.

El Gobierno francés también quiere poner en pie con la Comisión Europea que salga de las elecciones a la Eurocámara de junio una red europea para endurecer el régimen de supervisión al que están sometidas esas centrales de compra, creadas por los grandes distribuidores para tener una mayor capacidad de negociación.

No al acuerdo con Mercosur

Francia seguirá rechazando, como lo viene haciendo desde que se alcanzó en junio de 2019 el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), con el argumento de que los productos del bloque sudamericano no cumplen muchas reglas europeas sanitarias o medioambientales como la utilización de fitosanitarios prohibidos en Europa, con la exigencia de cláusulas espejo.

Además, el Ejecutivo francés plantea que la UE asuma el principio de que los acuerdos comerciales que se discutan en el futuro tendrán que incorporar esas ‘cláusulas espejo’, en aplicación del principio de reciprocidad para evitar la competencia desleal.

Ayudas al sector

El Gobierno de Macron ha desgranado nuevos dispositivos de ayuda para sectores en dificultades, por un total de más de 400 millones de euros.

El más importante es para la viticultura, con 80 millones de euros, en particular para Occitania y otras regiones en crisis, a los que se suma una prima de 150 millones para el arranque de viñas.

Los ganaderos recibirán 150 millones, además de otros 50 millones de un fondo de urgencia para las granjas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica, que además recibirán el reembolso del 90 % de los gastos veterinarios.

La agricultura ecológica, afectada por un bajón de la demanda tras el choque de la covid, recibirá 50 millones.

También desde el Gobierno de Francia se abandonan los planes para reducir progresivamente las exenciones fiscales al gasóleo agrícola de aquí a 2030, que había diseñado en nombre de la transición ecológica. Ese giro se justifica oficialmente porque por ahora no hay energías alternativas para los tractores que consumen gasóleo.

Desde finales de febrero los agricultores podrán cobrar las deducciones que habían avanzado en 2023 y que tenían pendientes. Y desde julio las exenciones se les descontarán directamente cuando compren el combustible.

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