Durante 2023 el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha detenido o investigado a 26 personas por la extracción de agua mediante el uso de infraestructuras ilegales. Las penas pueden llegar a 5 años de cárcel
Hortoinfo.- 19/06/2023
La Guardia Civil ha reforzado las actuaciones en materia de vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, realizando un total de 4.348 servicios relativos a la vigilancia de fincas rústicas con el fin de atajar esta problemática, según fuentes del benemérito instituto.
En ese ámbito, ha realizado un total 886 inspecciones en las que se ha detenido o investigado a 26 personas y se han denunciado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas.
Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del SEPRONA han encontrado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
La mayoría de las instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
Actualmente también se está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el estudio de imágenes satélite para determinar aquellas fincas que están cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada.
Cultivos tropicales
Durante los últimos cuatro años se han inspeccionado un total de 3.453.008 m² de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se había estado realizando una extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas y otros.
Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico de alrededor de unos 10.000.000 euros aproximadamente.
Operación EEMAME (Murcia)
Dentro de las investigaciones sobre la afección al medio natural del Mar Menor que producen determinadas explotaciones ganaderas irregulares, se han descubierto un total de 15 captaciones irregulares de agua, supuestamente destinadas al abastecimiento de estas explotaciones ganaderas y al consumo animal. La ubicación de los sondeos se ubica sobre un acuífero declarado en riesgo cuantitativo y cualitativo y espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 denominado “Saladares de Guadalentín”, lo que agrava el hecho de efectuar los sondeos ilegales sobre estas zonas protegidas.
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
La intensificación de los periodos de sequías extremas está afectando a la disponibilidad de recursos naturales y la seguridad hídrica en España. Como consecuencia el uso indebido del agua está provocando una sobreexplotación de las aguas superficiales y de los acuíferos, lo que provoca una importante erosión y degradación del suelo, teniendo grandes consecuencias en la fauna y la flora. De ahí la gran importancia de la correcta gestión del agua.
La Guardia Civil tiene un papel fundamental en la prevención y persecución de este tipo de delitos, trabajando, además, en la promoción de la cultura del uso responsable del agua, fomentando el conocimiento de la normativa aplicable y sensibilizando a la población sobre la importancia de la protección de los recursos hídricos.
Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En el caso del supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la afectación al medio natural.
