Ofrecían
contratos de trabajo falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular,
pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros,
llegando a generar un fraude superior a los 100.000 euros a la Seguridad Social
Hortoinfo.- 10/06/2026
La Guardia Civil, en el
marco de la operación “Lutasanol”, ha desarticulado una organización criminal
dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante
contratos de trabajo falsos. La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada
expediente falso y habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
La operación se ha
saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación
de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa
utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con
la trama. Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que
servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante
documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones
manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo
procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.
Hasta 10.500
euros por persona
Según la investigación
que comenzó el pasado año, los miembros de la organización captaban a personas
extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en
España. Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban
relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación
aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que
oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Los agentes han podido
constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad
Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas
contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros
y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de
prestaciones y subsidios públicos.
Más allá de
la provincia de Almería
La organización extendía
su actividad más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia
y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La
estructura contaba con funciones perfectamente repartidas entre captadores
responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de
dar apariencia de legalidad a toda la operativa.
Se trataba de una activa
red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un
centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico
mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban
regularizar su situación administrativa en España.
Por tal motivo se
procedió a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador,
así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados
en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral/contable con despacho profesional
en Almería.
La operación ha sido
desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia
Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e
Instrucción Plaza número 5 de El Ejido (Almería).
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