Las mujeres
representan son alrededor del 36-43% de la fuerza laboral global en sistemas
agroalimentarios, aportando dedicación y conocimiento esencial, pero se enfrentan
a barreras estructurales como el acceso a la tierra, ingresos justos y
participación en decisiones
Hortoinfo.- 21/08/2026
La agricultura y
ganadería familiar —eje del modelo español y europeo, que genera el 80% de la
producción global y el 90% de las explotaciones— no es sector secundario, sino
escudo estratégico para resiliencia territorial, empleo de calidad y autonomía
alimentaria, ha indicado Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General
de Trabajadores (UGT), según indican desde la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA).
Señalan que, lejos de
ser una mirada al pasado, este modelo combina producción sostenible, arraigo
territorial y cohesión social, situándose en el centro de cualquier estrategia
europea de futuro.
Dependencia
exterior
Conflictos como la
guerra en Ucrania y tensiones comerciales han evidenciado la fragilidad de las
cadenas globales de suministro. La dependencia europea de importaciones de
mercados inestables genera riesgos evidentes de volatilidad y precios.
Frente a ello, la
agricultura familiar ofrece ventajas estructurales: conocimiento territorial,
adaptación rápida y producción distribuida que reduce vulnerabilidades. En
España, vertebra el medio rural, preserva el paisaje, frena la despoblación y
contribuye a la sostenibilidad mediante rotaciones de cultivos y menor huella
de transporte.
Retos del
modelo familiar
Pese a su valor
estratégico, enfrenta desafíos significativos. Los desequilibrios en la cadena
alimentaria presionan los precios en origen, sumados al alza de costes
energéticos y de suministros, que dificultan la rentabilidad de las
explotaciones.
El relevo generacional
es otro reto clave: la falta de expectativas económicas y laborales frena la
incorporación de jóvenes. La Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 avanza en
sostenibilidad y renta, pero debe priorizar a las explotaciones familiares con
acceso a financiación, innovación y apoyo en la transición ecológica —basada en
incentivos, no solo en cargas para los productores—.
Empleo y
sostenibilidad
Su viabilidad depende de
generar empleo de calidad: condiciones dignas, estables y con derechos. La
modernización-digitalización, innovación y transición ecológica requiere
contratos estables, formación continua y protección social.
Las políticas públicas
deben integrar la dimensión laboral, incentivando explotaciones que apuesten
por empleo cualificado, igualdad y profesionalización.
Mujeres
rurales: una palanca imprescindible
Las mujeres representan
un pilar fundamental de la mano de obra agraria familiar —alrededor del 36-43%
de la fuerza laboral global en sistemas agroalimentarios—, aportando dedicación
y conocimiento esencial a las explotaciones, pero enfrentan barreras estructurales
en acceso a la tierra, ingresos justos y participación en decisiones.
2026, Año Internacional
de la Agricultora declarado por la ONU, es el momento clave para políticas
específicas que garanticen equidad salarial real, conciliación efectiva con
permisos ampliados y guarderías rurales, titularidad compartida de explotaciones
y protección social completa con pensiones dignas y formación profesional.
Eliminar estas
desigualdades no es solo justicia social: empodera a las mujeres rurales para
impulsar innovación en diversificación de cultivos, fortalecer la
sostenibilidad mediante gestión integral de recursos y fijar población en el
medio rural, convirtiéndolas en la clave estratégica para un modelo familiar
competitivo y habitable en las próximas décadas.
Digitalización
al alcance de todos
La transformación
digital mejora eficiencia y sostenibilidad, pero debe ser inclusiva. Las
explotaciones familiares necesitan herramientas accesibles como riego
inteligente o control digital de plagas, con apoyos públicos en formación y
financiación para una digitalización generalizada antes de 2030.
Cooperativas
como motor de competitividad
Las cooperativas
fortalecen el modelo familiar al concentrar oferta, mejorar negociación y
acceso a mercados. En España, impulsan exportaciones agroalimentarias; reforzar
su capitalización y gobernanza europea equilibraría la cadena de valor y la
transición ecológica.
Prioridades
para una política agraria eficaz
El contexto exige
políticas coherentes: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con
transparencia en precios y combate a prácticas desleales; facilitar el relevo
generacional mediante incentivos económicos, vivienda rural y programas de
incorporación juvenil; e impulsar innovación y adaptación climática con
herramientas accesibles, apoyo técnico y aseguramiento frente a riesgos.
Todo ello en una
transición ecológica justa que no deje atrás a las explotaciones vulnerables.
Una
responsabilidad compartida
En un escenario global
incierto, la agricultura familiar es una apuesta de futuro: producción
eficiente, territorio vivo y cohesión social. Su fortalecimiento es una
decisión estratégica para Europa.
El Anuario 2026 de la
Fundación de Estudios Rurales de UPA sitúa este debate en un momento clave. La
colaboración entre organizaciones agrarias, agentes sociales e instituciones
construirá una política agraria que combine competitividad, sostenibilidad y justicia
social, garantizando seguridad alimentaria y equilibrio territorial en las
próximas décadas.
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