Son propuestas de
diferentes expertos como economistas, ingenieros agrónomos o catedráticos de la
Universidad, expuestas en un debate organizado por la Plataforma Tierra
Hortoinfo.- 11/09/2026
Diferentes expertos
economistas, agrónomos y de la Universidad han propuesto realizar cambios
rotundos en el reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), entre
los que destacan la exclusión de los jubilados del cobro de la ayuda a la
renta, o un fondo que compense los desequilibrios entre las zonas rurales.
Lo han planteado en un
seminario virtual organizado por la Plataforma Tierra de la Fundación Cajamar, para
debatir sobre las prioridades en el reparto de los fondos de la PAC en un
momento en que la Unión Europea (UE) negocia su presupuesto para 2028-2034, tres
expertos que han defendido cambios radicales para que las explotaciones
españolas sobrevivan y sean rentables.
Las propuestas las han
defendido el economista Francesc Reguant, experto en sistemas agroalimentarios,
la catedrática e investigadora del Centro de Estudios e Investigación para la
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) de la Universidad
Politécnica de Madrid, Isabel Bardají, y el ingeniero agrónomo Joaquín Olona,
exconsejero de Agricultura de Aragón.
Los tres han coincidido
en que el régimen actual de la PAC está dificultando el relevo generacional y
en que hace falta primar a los agricultores profesionales limitando las ayudas
a los «extremos» -a aquellas explotaciones pequeñas cuyos propietarios
no se dedican al sector y a los grandes perceptores a partir de un techo-.
Por ello, han pedido la
exclusión de los jubilados de las subvenciones a la renta, suprimir los
derechos históricos individuales por hectárea y medidas para compensar a las
zonas con dificultades territoriales.
Relevo
generacional
Reguant ha abogado por
abandonar «argumentos románticos» sobre el tamaño de las
explotaciones y centrar el reparto en que se prime a los profesionales y a
quien realmente necesita las ayudas.
A su juicio, el
«vínculo» de las ayudas «a la propiedad de la finca» las ha
transformado de forma «impropia» en un complemento de la jubilación y
ha «bloqueado» el relevo generacional.
Respecto a las pequeñas
explotaciones, ha defendido que necesitan proyectarse a la
«cooperación»; también ha propuesto un «fondo de equilibrio
agrorural para empresas en situaciones de dificultad física», que
recibirían apoyo según datos como por ejemplo un mayor o menor secano o si
están en zonas de montaña.
Al respecto, ha opinado
que la ayuda debería estar condicionada a la obtención de renta y también ha
propuesto primar sinergias entre el ámbito agrario, forestal, el turismo y la
gastronomía, para que el productor no haga gestiones «en 20 administraciones».
Ayudas a las
medianas explotaciones
Bardají ha opinado que
una opción «dura» es dirigir el apoyo a las «explotaciones
medias», eliminar las ayudas a las pequeñas y poner un techo a las
grandes, que se situara en un tope de 100.000 euros por perceptor.
Ha planteado establecer
cinco regiones en la distribución de la PAC y aplicar una «tasa
plana» para cada una de ellas (dos de secanos, dos de regadíos y pastos),
eliminando los derechos individuales.
Esas ayudas serían
«degresivas» según el tamaño y decrecientes en el tiempo y se podrían
complementar con pagos a la provisión de bienes públicos en zonas vulnerables.
Una reforma
pendiente
Olona ha defendido una
redistribución del presupuesto, porque con el régimen actual hay términos
«perversos» y, por ejemplo, se llama pequeños agricultores a pequeños
perceptores de ayudas, que en muchos casos «son propietarios ajenos a la
actividad agraria».
Ha dicho que los
partidos políticos no quieren abordar el cambio del reparto de las ayudas, por
no tener el apoyo del sector y que la PAC es «la reforma permanentemente
aplazada», mantiene anomalías, además de no solucionar los desequilibrios
de renta.
Olona ha propuesto una
«renta mínima» personal y que las compensaciones se den teniendo en
cuenta el IRPF y al «renta de referencia» que publica el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ha abogado por el
«modelo familiar» de agricultura pero que se caracterice por su
dimensión empresarial y por la «prestación de servicios».
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