Es la consecuencia de la “condicionalidad social” que aplica la nueva PAC, que también incluye los derechos ambientales, agronómicos y el bienestar animal
Hortoinfo.- 08/01/2024
España comienza a aplicar en este año 2024 la “condicionalidad” o condición social de la Política Agraria Común (PAC), por la que los productores que incumplan las normas laborales en sus explotaciones serán penalizados con un recorte de las subvenciones.
La condicionalidad social es uno de los cambios incluidos en la reforma de la PAC, que incluye los derechos laborales entre los requisitos para el cobro de subvenciones, además de los derechos ambientales, agronómicos o el bienestar animal que estaban requeridos hasta ahora.
Aunque está en vigor desde el 1 de enero, las primeras penalizaciones en la PAC por este cambio llegarán en 2025.
La nueva norma afecta a los 650.000 beneficiarios de ayudas directas, de desarrollo rural y del Posei canario de la PAC en España, donde la agricultura ocupa a 701.900 personas (534.400 hombres y 167.500 mujeres, según la Encuesta de Población Activa).
La aplicación
La PAC 2023-2027 establece que la condicionalidad social sea obligatoria en toda la Unión Europea en 2025.
Según los reales decretos de la regulación de la PAC, las infracciones laborales pueden recortar las ayudas a una explotación al menos un tres por ciento e incluso hasta el cien por cien.
Desde el Gobierno de España se ha detallado una serie de prácticas que deberán cumplir los productores basadas en las directivas laborales: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, y el deber de garantizar la seguridad de los empleados, así como de proporcionar servicios de prevención.
También la información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad de su labor; la ergonomía; las garantías de equipos de trabajo adecuados o la limitación del uso de las equipaciones que entrañen riesgos específicos.
El recorte de ayudas se aplicará a una explotación por incumplimientos que hayan sido sancionados en firme. Por ejemplo, si hay una inspección de Trabajo a una explotación y se detecta que tiene trabajadores sin contrato, las autoridades laborales (Ministerio de Trabajo) comunicarán la penalización a las agrícolas -en el caso de la Administración central, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)-.
Desde la inspección a la multa pasa un tiempo y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) espera que la recopilación de todas las sanciones de este tipo se haga el 31 de enero de 2025. Después, se aplicará la eventual penalización a los infractores por parte de los organismos pagadores, quienes determinarán la cuantía.
En España, el pago de las ayudas de la PAC corresponde al FEGA y a las comunidades autónomas.
