La fiscalía pide también una indemnización conjunta y solidaria de 343.249,92 euros a la Junta de Andalucía, por el daño infligido al dominio público hidráulico
Hortoinfo.- 24/03/2023
La Fiscalía solicita penas de 18 meses de prisión para los gerentes de tres empresas agrícolas de Almería, acusados de extraer de manera ilegal más de 1,7 metros cúbicos de agua a través de un pozo y de causar durante dos años un perjuicio severo a un acuífero que ya se encontraba en un mal estado cuantitativo.
El Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente, e interesa que los tres abonen a la Junta de Andalucía una indemnización, de forma conjunta y solidaria de 343.249,92 euros, por el daño infligido al dominio público hidráulico.
Una de las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) subarrendó con otra SAT, en 2017, una finca localizada en el municipio de Huércal-Overa y en la que se ubica el pozo.
El escrito de calificación provisional detalla que ambos gerentes, de común acuerdo, habrían pactado presuntamente que una tercera empresa agrícola, con vínculos empresariales con la propietaria de la finca, proporcionase el agua necesaria para el riego.
La Fiscalía recoge que en el contrato de subarrendamiento se habría hecho constar que también se podía dar uso al pozo, pese a que las dos partes, junto con el gerente de la tercera empresa, conocían la falta de título de aprovechamiento para obtener las aguas del acuífero.
Precisa que, entre noviembre de 2017 y mayo de 2019, los acusados procedieron supuestamente a efectuar sondeos para la captación y extracción de aguas subterráneas sin disponer de ninguna autorización o concesión, lo que supone una infracción a la legislación de aguas.
El escrito subraya que durante ese periodo de tiempo se habrían extraído más de 1,7 metros cúbicos de agua, destacando que equivale a entre un 20-27 por ciento del volumen total disponible del acuífero.
El Ministerio Público traslada que, desde el pozo, accedieron a una masa de agua que ya se encontraba en mal estado cuantitativo y concluye que la extracción ilegal afectó de manera severa a la situación “deficitaria, añadiendo que la actuación causó perjuicios significativos a los ecosistemas asociados, alterando el flujo que genera salinización u otras intrusiones, e impidiendo alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas.
La Fiscalía solicita, al margen de las penas privativas de libertad, que los tres acusados, que serán enjuiciados por un juzgado de lo Penal, abonen una multa de 12 meses a razón de 20 euros al día y sean inhabilitados durante dos años para profesión relacionada con la agricultura.
