La AICA impone 69 multas a 55 empresas por incumplir la ley de la cadena alimentaria, entre enero y marzo

La mayoría es por incumplir plazos de pago, falta de contratos o no incluir el precio. Enlace a la lista de empresas. Coag y Upa se felicitan por su publicación

Hortoinfo.- 23/02/2023

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha impuesto 69 multas a un total de 55 empresas en el primer semestre de 2023, en la mayoría de los casos por incumplimiento de plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.

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Entre las firmas sancionadas se encuentran las cadenas de supermercados Dia, Carrefour y Froiz, así como empresas como J. García Carrión

Carrefour y Froiz han recibido sendas multas por valor de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago, mientras que Dia ha sido sancionada por este mismo motivo en dos ocasiones por valor de 3.001 y de 3.899,12 euros, respectivamente. Por su parte, el grupo bodeguero J. García Carrión, propietario también de Don Simón, ha sido multado con 9.147,81 euros por incumplir los plazos de pago.

La mayor sanción de las 69 impuestas por el Ministerio de Agricultura ha recaído en Ray Lech, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, que recibe dos multas, una de 3.001 euros por el incumplimiento de plazos de pago y otra de 11.500 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en los mismos el precio.

Entre los sancionados también destacan las multas a Transformaciones Agrícolas de Badajoz (Transa) de 7.558,75 euros por el incumplimiento de los plazos de pago también y de 9.000 euros a Inleit Ingredients por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no están expresamente pactadas por las partes.

Reacciones de Coag y Upa

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su satisfacción por la publicación del primer listado de empresas sancionadas por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria.

“Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades y la publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores”, ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. “Si bien hay grandes dificultades en la aplicación, porque hay muchas resistencias a cambiar formas tradicionales de funcionamiento muy perjudiciales para las personas productoras, como por ejemplo el modo en el que se construye el precio en la cadena, comprobamos cómo esta ley es necesaria para avanzar en la regulación de la cadena y favorecer que los agricultores y ganaderas percibamos un precio digno por nuestro trabajo”.

COAG considera además que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. “Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena”, ha señalado Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calificado de un “hito” la publicación de este listado. “Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena”, aseguran desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione.

“Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganaderos”, señala UPA.

“La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas”. Además, son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA esperan que las prácticas comerciales “vayan desapareciendo”.

Para UPA, estas multas ponen de relieve la dificultad que tienen los agricultores y ganaderos a la hora de negociar el precio de lo que producen. En ese sentido, reclaman a la Administración más información y transparencia de la cadena alimentaria. “Sólo sabiendo el coste de producción medio de los distintos eslabones, seremos capaces de detectar si se está produciendo un abuso por alguna de las partes”, concluyen.

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